Crónicas de Hispaniola

La historia inicial de la República Dominicana suele contarse desde sus campos de batalla: Azua, Santiago, El Número, Las Carreras, Santomé, Cambronal y Sabana Larga. Allí se decidió buena parte de la supervivencia política del nuevo Estado. Pero esa historia queda incompleta si se olvida otro escenario decisivo: el mar.

Entre 1844 y 1861, la joven República no solo tuvo que defender su territorio por tierra. También tuvo que proteger sus puertos, mantener abiertas sus comunicaciones, transportar tropas y pertrechos, vigilar sus costas, responder a los bloqueos haitianos y evitar incidentes con buques extranjeros. En ese contexto nació y actuó la primera Marina de Guerra Dominicana: más improvisada que poderosa, más necesaria que abundante en recursos, pero indispensable para sostener la independencia.

Emilio Rodríguez Demorizi, en La Marina de Guerra Dominicana, 1844-1861, presenta esta fuerza naval como un auxiliar poderoso del Ejército durante la guerra de separación y las campañas posteriores. En la advertencia inicial de la obra, el autor aclara que su libro no pretende ser una historia naval definitiva, sino una reunión de materiales para una historia todavía poco trabajada: documentos, noticias biográficas, datos sobre buques, informaciones sobre naufragios, descripciones de puertos y relatos de tradición histórica. Esa precisión es importante: el volumen debe leerse ante todo como una colección documental, no como una narración cerrada.

La marina dominicana nació en condiciones precarias. No fue una escuadra organizada desde el principio con recursos abundantes, astilleros propios y reglamentos consolidados. Fue, más bien, una flotilla formada con bergantines, goletas, corbetas y embarcaciones mercantes adaptadas a las urgencias de la guerra. Algunos barcos eran propiedad del Estado; otros fueron requisados, comprados, armados o puestos al servicio público por particulares. Esa condición revela una realidad fundamental de los primeros años republicanos: el Estado dominicano estaba naciendo al mismo tiempo que peleaba por sobrevivir.

La proclamación de la República, el 27 de febrero de 1844, abrió de inmediato un conflicto militar con Haití. El gobierno haitiano no reconoció la separación de la parte oriental y respondió con campañas terrestres, medidas de bloqueo y decretos destinados a cerrar los puertos dominicanos al comercio exterior. La guerra, por tanto, no se limitó a la frontera. También se libró en las bahías, los fondeaderos, las rutas de cabotaje y las aguas próximas a los puertos.

El primer gran episodio naval fue la acción de Tortuguero, en abril de 1844. La flotilla dominicana, bajo el mando de Juan Bautista Cambiaso y con participación de Juan Bautista Maggiolo, enfrentó buques haitianos cerca de Azua. La importancia de este combate no debe medirse únicamente por el tamaño de las embarcaciones, sino por su significado político y militar: la República recién proclamada demostraba que podía actuar también sobre el mar. Tortuguero convirtió una marina improvisada en instrumento concreto de defensa nacional.

Aquellos primeros buques no solo combatían. Transportaban tropas, llevaban municiones, comunicaban puntos aislados, protegían costas y permitían sostener posiciones militares en momentos críticos. La guerra en el sur, especialmente en torno a Azua, Ocoa, Baní y Barahona, dependía en parte de esa capacidad marítima. En una geografía insular, controlar el mar no era un lujo estratégico, sino una condición de supervivencia.

La síntesis cronológica recogida por Rodríguez Demorizi muestra que, desde 1844, las campañas terrestres y las operaciones navales marcharon entrelazadas. Mientras el ejército enfrentaba las invasiones haitianas en Azua, Santiago, Estrelleta, Beler, El Número o Las Carreras, la flotilla dominicana cumplía tareas de apoyo, reconocimiento y presión sobre las costas enemigas. En 1849, durante la campaña de Las Carreras, la presencia de la flotilla en la bahía de Ocoa contribuyó a controlar el camino de la costa y a obligar al enemigo a modificar sus movimientos. El libro presenta esa cooperación entre tierra y mar como uno de los elementos menos recordados de la defensa nacional.

Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es la relación entre marina, comercio y soberanía. Haití intentó cerrar los puertos dominicanos al comercio extranjero, medida que buscaba aislar a la nueva República y limitar su capacidad de obtener armas, víveres y apoyo exterior. La respuesta dominicana consistió en proteger sus costas, mantener el tráfico con naciones amigas y evitar que la guerra destruyera las posibilidades económicas del país. Por eso, los documentos del libro insisten repetidamente en el respeto a los buques neutrales y a las propiedades de súbditos extranjeros.

Esa prudencia era indispensable. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, Dinamarca, Holanda y otras potencias o comunidades mercantiles tenían intereses en las Antillas. Un error contra un buque neutral podía convertirse en un conflicto diplomático peligroso para una República débil, aún en busca de reconocimiento internacional. La marina dominicana debía combatir, pero también distinguir entre enemigo, comerciante neutral, pabellón extranjero y propiedad particular. Esa tensión entre guerra y diplomacia aparece constantemente en los oficios y comunicaciones reproducidos por Rodríguez Demorizi.

La composición de la flotilla revela también la precariedad material del país. En una memoria de 1846 se indica que la marina dominicana constaba de diez buques: la fragata Cibao, los bergantines San José y Libertad, y varias goletas, entre ellas General Santana, La Merced, Separación, 27 de Febrero, María Luisa, 30 de Marzo y Esperanza. No se trataba de una armada moderna, pero sí de una fuerza suficiente para las condiciones de la guerra antillana de mediados del siglo XIX.

La participación de la sociedad civil fue otro rasgo notable de aquellos años. Un caso particularmente revelador fue el de la corbeta Cibao, antes Alert, adquirida mediante suscripción pública por habitantes de Santiago y Puerto Plata. La iniciativa surgió como respuesta al impacto que causaron en la costa norte las acciones hostiles de fuerzas o corsarios haitianos, presenciadas con indignación por la población local. De acuerdo con la referencia complementaria aportada, la nave fue puesta bajo el mando de José Naar y se armó con veinte cañones y seis piezas de metralla, recuperadas en Palenque y procedentes del naufragio del buque francés Diomedes Imperial en 1806. El episodio muestra que la defensa marítima de la República no dependió únicamente del gobierno central, sino también del compromiso activo de comunidades que entendían la protección del litoral como una cuestión de supervivencia nacional.

Ese dato permite mirar la guerra desde una perspectiva social. La defensa naval no fue solo una decisión de generales, presidentes o ministros. También fue una empresa pública, regional y comunitaria. En Puerto Plata y Santiago, poblaciones vinculadas al comercio, a la costa y a las rutas del Atlántico comprendieron que la marina no era un ornamento militar, sino una necesidad concreta: sin buques, los puertos quedaban expuestos; sin puertos, el comercio se debilitaba; sin comercio, la República perdía recursos para sostener la guerra.

También hubo episodios en que el azar, la naturaleza y la guerra se cruzaron de manera decisiva. El naufragio de la escuadra haitiana frente a Puerto Plata, en diciembre de 1845, tuvo fuerte impacto militar, político y moral. Los documentos dominicanos de la época lo interpretaron con lenguaje providencialista, propio de una cultura profundamente religiosa. Para el historiador moderno, ese lenguaje debe analizarse como expresión de mentalidad y propaganda de guerra; pero el hecho militar sigue siendo importante: la pérdida de buques y hombres afectó la capacidad marítima haitiana y fortaleció la posición dominicana en la costa norte.

A partir de 1849, la guerra marítima adquirió un carácter más ofensivo. El gobierno dominicano autorizó operaciones contra las costas haitianas, con el propósito de presionar al enemigo y obligarlo a desistir de nuevas invasiones. En ese contexto aparece la figura de Juan Carlos Fagalde, marino francés al servicio dominicano, cuya expedición produjo resultados militares, pero también controversias por su conducta y por la dureza de algunas operaciones. Ese episodio exige un tratamiento cuidadoso: forma parte de la historia de la defensa nacional, pero no debe narrarse con tono celebratorio ni ocultar sus zonas problemáticas.

El libro de Rodríguez Demorizi permite ver, además, el lento proceso de institucionalización naval. En los oficios, reglamentos y comunicaciones aparecen preocupaciones por la disciplina, las raciones, los permisos, la limpieza de los buques, la vigilancia de los puertos, las rondas nocturnas, la deserción, la contabilidad y la responsabilidad de los comandantes. La marina no fue solamente cañones y combates; también fue administración, rutina, escasez, mando y obediencia.

Esa dimensión institucional es clave para entender la construcción del Estado dominicano. Un Estado no se forma solo proclamando independencia o ganando batallas. También se forma organizando puertos, controlando salidas y entradas, estableciendo jerarquías, llevando registros, repartiendo víveres, pagando o prometiendo pagos, nombrando capitanes y exigiendo responsabilidades. La marina dominicana de aquellos años revela, en pequeño, las dificultades de levantar una estructura pública en medio de la guerra.

Conviene advertir, sin embargo, que muchos documentos reproducidos en la obra contienen lenguaje de combate, acusaciones extremas contra el enemigo, apelaciones religiosas intensas y expresiones propias del siglo XIX que hoy deben leerse con distancia crítica. Crónicas de la Hispaniola debe manejar esas fuentes con fidelidad, pero también con prudencia. Una cosa es citar el vocabulario de época para entender la mentalidad de los actores; otra, asumirlo como lenguaje editorial actual.

También debe señalarse el contexto de publicación de la obra. La Marina de Guerra Dominicana, 1844-1861 fue publicada en 1958, durante el régimen de Rafael L. Trujillo. La dedicatoria inicial vincula la marina del pasado con la marina del presente trujillista, lo que obliga a leer la edición con cuidado historiográfico. Esa circunstancia no invalida el valor documental del volumen, pero sí exige separar el material histórico recopilado de la retórica política del momento en que fue publicado.

El valor mayor del libro está en rescatar una verdad frecuentemente olvidada: la República Dominicana defendió su independencia como país terrestre e insular a la vez. Sus montañas, llanuras y fronteras fueron decisivas, pero también sus puertos, costas y embarcaciones. La soberanía no se afirmó solo frente a columnas invasoras; también se sostuvo frente a bloqueos, escuadras, corsarios, naufragios, tratados, cónsules y pabellones extranjeros.

En los primeros años de la República, la Marina de Guerra Dominicana fue pequeña, irregular y muchas veces improvisada. Pero cumplió una función estratégica: ayudó a impedir el aislamiento del país, apoyó al ejército en campaña, protegió el comercio, proyectó fuerza sobre el litoral y dio al nuevo Estado una presencia efectiva sobre sus aguas.

Por eso, estudiar la marina dominicana entre 1844 y 1861 no es añadir un capítulo menor a la historia nacional. Es completar el mapa de la independencia. La República no solo nació en la Puerta del Conde ni se defendió únicamente en los campos de batalla. También se sostuvo sobre las aguas difíciles de una isla donde el mar fue frontera, camino, amenaza y defensa.